El Perú, según el excanciller López Chavarri (con Vizcarra), debía firmar el acuerdo final de compra de vacunas Pfizer-BioNTech, el 30 de noviembre. ¿Qué pasó?, ¿por qué se estancaron las negociaciones?  

Veamos. En noviembre, la vacuna Pfizer y BioNTech era la primera en emitir un informe de “eficacia final” de la fase 3 aprobado por una entidad independiente. Al 16 de diciembre, era la única vacuna en el mundo contra la COVID-19 con reconocimiento por parte de la OMS.

Seguir una cronología de la ruta de la vacuna Pfizer en los decisivos meses de noviembre y diciembre, en paralelo con los eventos políticos en Perú en ese periodo de tiempo, desde el golpe del 9 de noviembre, puede ayudar a responder a la pregunta planteada en este artículo: ¿por qué el Perú se alejó de la firma de un acuerdo final? (aunque esta reflexión no agote el análisis.)

Cronología de la vacuna Pfizer

9 de noviembre: Pfizer y BioNTech anuncian al mundo que su candidata a vacuna BNT162b2 en su fase 3 había demostrado “evidencia de eficacia contra la COVID-19” en algo más de 90%, basado en un primer análisis independiente de 94 casos.

18 de noviembre: un informe de “eficacia final” concluía que la candidata a vacuna “cumplía con todos los criterios de valoración de eficacia primarios del estudio” (Pfizer.com).

2 de diciembre: la agencia británica MHRA autoriza el uso de la vacuna Pfizer en el Reino Unidos. Así, esta se convierte en la primera vacuna en el mundo en recibir autorización de uso de emergencia por parte de los países de “alta vigilancia sanitaria”.

El periodo comprendido entre el 9 de noviembre y el 2 de diciembre fue decisivo, de intensas negociaciones de la farmacéutica con los estados. ¿Y por qué? Para responder es necesario echar una mirada a la lógica de la gestión pública.

Con excepción de Estados Unidos y otros “grandes”, los gobiernos deben cumplir con ciertas exigencias en el gasto público. Respecto de las vacunas, esos gobiernos, el de Perú incluido, necesitan antes de emitir una orden de compra, una estimación de la “eficacia final” de la vacuna (¿60%?, ¿90%?); es decir, justificar el gasto de acuerdo a la utilidad pública que ofrece la vacuna. Otro aspecto de peso es la certificación de la vacuna. Esto nos lleva a la aprobación emitida por la agencia MHRA, el 2 de diciembre.

Muchos estados, el Perú entre ellos, consideran en su normativa la autorización “para uso de emergencia” de vacunas, siempre que estas obtengan certificaciones emitidas por las autoridades sanitarias reguladoras de países considerados de “alta vigilancia sanitaria” tales como la FDA, de Estados Unidos; la MHRA británica, la EMA para el caso de la Unión Europea y algunas otras. Esto permite que las vacunas sigan en el Perú una autorización de ingreso y uso “fast track” en lugar de esperar meses o años antes que “las Digemin” o similares lo hagan.

Con todo lo dicho, se entiende que en el lapso de esas cuatro semanas se hubiera desatado una carrera contra el tiempo para cerrar acuerdos finales con Pfizer, en todo el mundo. Los países corrieron para “asegurar” sus lotes de vacunas, y lo hicieron de forma muy rápida y agresiva.

En diciembre, pocos países consiguieron hacerse de las primeras vacunas, 50 millones que Pfizer anunció para el 2020 o la promesa de futuros lotes en el 2021. Los grandes han acaparado los mayores lotes: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, aunque algunos “pequeños” se han colado. México firmó su acuerdo final el mismo 2 de diciembre (solo el primer ministro británico le ganó, por puesta de mano), Costa Rica el 4 de diciembre, aunque al parecer, en la región, solo Chile habría asegurado su dosis en diciembre.

Ahora pasemos al Perú. ¿Qué ocurría mientras tanto en Lima?

Cronología del Estado peruano

9 de noviembre: presidente Vizcarra es vacado.

16 de noviembre: Francisco Sagasti asume la presidencia de la República (en una semana, tres presidentes).

18 de noviembre: juramenta el gabinete de transición.

3 de diciembre: Congreso ratifica al Consejo de Ministros.

La instalación o reinstalación de ministros, viceministros y directores generales y de expedientes se realizó después del 18 de noviembre. Una transferencia ordenada en los ministerios usualmente toma semanas o meses; una toma de posesión luego de un gobierno de facto es todavía más complicada: del 10 al 15 de noviembre se han tomado decisiones de políticas públicas ilegales, sobre las cuales no se ha rendido cuentas.

Peor aún, retomar el “expediente” Pfizer no era ni es un asunto solo del Minsa. Se trata de una negociación compleja que involucra, además, al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas. Pues bien, entre el 9 y el 18 de noviembre, el país tuvo tres ministros de Relaciones Exteriores, tres ministros de Economía y “solo” dos ministros de Salud.

Para hacer más complicada la cosa –como si esto no fuera ya un desastre para el país y la gestión pública–, el Congreso jugó al tira y afloja con el Ejecutivo, de modo que solo el 3 de diciembre se produjo la ratificación del gabinete Bermúdez, previa renuncia del ministro del Interior.

Así pues, no solo los ministerios pasaron por una “transferencia” abrupta (de un gobierno de facto) sino que la inestabilidad del Ejecutivo socavó la confianza que del país se tenía en el exterior. Será muy difícil reconstruir esa confianza, que es el mejor respaldo que puede tener un país en un delicado proceso de negociación: una farmacéutica o cualquier corporación busca asegurarse que el país “honre” sus acuerdos (las compras y los pagos).

La premier Bermúdez y la ministra Mazzetti anunciaron que el 8 de diciembre retomaron la rueda de negociaciones con la farmacéutica Pfizer. El Perú volvió a la mesa que se abandonó el 9 de noviembre, pero el equipo peruano que negocia lo hace desde una posición de precariedad (llega tarde y magullado). Todo un mes perdido. Lo menos que podemos decir es que la inestabilidad política creada por el Congreso tuvo un altísimo costo para el país, como sostuvo la propia Bermúdez.

Así pues, el “gobierno” de facto de Manuel Merino, con la complicidad del Congreso, cobró vidas no solo en las calles de Lima sino también las habría cobrado en los hospitales y hogares de todo el país. Por esto también tendrían que rendir cuentas.

(Foto: EFE)