La designación de Salvador Heresi en el Ministerio de Justicia no parece necesitar traducción. Heresi fue hombre de Alex Kouri en el Callao y luego de Félix Moreno en el municipio de Carmen de la Legua. Y aunque Kouri cumple una condena de cinco años por actos de corrupción y Moreno enfrenta cargos por corrupción de funcionarios y lavado de activos, Heresi siempre ha sostenido que cuando laboraba con uno y otro nunca detectó irregularidades. Eso sí, también señala que “la amistad se mantiene” con estos personajes (La República, 02/04/2018). 

Lo que acarrea el nombramiento de Heresi tendría un alcance mucho mayor que la sola falta de idoneidad para el cargo. El primer punto de la agenda es, claro, el indulto a Alberto Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará entre el 23 y el 27 de abril. Probablemente entonces la Corte emita una resolución. Recordemos que la Corte ha emitido fallos en los casos La Cantuta y Barrios Altos y tiene competencia en la supervisión del cumplimiento de la sentencia a Fujimori, en relación a estos crímenes.

Una vez emitida la resolución de la Corte -y todo parece indicar que será desfavorable al expresidente Fujimori-, ¿qué hará el Estado? En lo inmediato, ganar tiempo. Apuesta, doble contra sencillo: el Estado solicitará una aclaración de los alcances de la resolución de la Corte, sobre cualquier aspecto de la resolución. Y dejar así que los meses del calendario corran. El presidente Vizcarra nombró a un ministro de Justicia que más que jurista es un operador político con “línea abierta” con el fujimorismo (Keiko) y representa a un sector del partido PPK favorable a un “entendimiento” con el fujimorismo, en aras, dicen, de la “gobernabilidad”. Un ministro que se acomode según el escenario y sin muchos remilgos por el sustento jurídico. Alguien que pueda salir un día delante de cámaras a declarar con cara de palo que el Perú es un “Estado soberano” y como tal evaluará si acata o no la resolución de la Corte (como si todo abogado no supiera que el artículo 55 de la Constitución dispone que los tratados internacionales suscritos por el Perú son parte del derecho nacional y que la Ley No. 27444 señala que los tratados y convenios internacionales quedan “incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional” y que este ordenamiento jurídico está por encima de las resoluciones administrativas, es decir, de un indulto presidencial).

Pero el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial (su presidente) y la Fiscalía son escollos en el intento de blindar a Fujimori. De hecho, el TC en una sentencia del 21/07 2006, señaló que la interpretación que realice la Corte de las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos “sea vinculante para todos los poderes públicos internos” (“Consecuencias jurídicas de la futura decisión de la Corte…”, David Lobatón). Las decisiones del TC crean jurisprudencia.

Bajo este escenario institucional, el intento de Fuerza Popular de destituir a miembros del TC desde el Congreso de la República perseguiría, entre otros fines, coparlo con jueces “políticos” con los que ensayar una “interpretación auténtica”.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez recordaba que los jueces también tienen la potestad y deber de acatar y hacer acatar los fallos de la Corte, “lo que decida obviamente es vinculante para el Estado peruano” (La República, 11/01/2018).

Las presiones políticas en el Congreso contra el fiscal de la nación Pablo Sánchez son llamados a “poner orden” en casa: la defensa legal de Keiko Fujimori presentó un recurso de tutela de derecho para evitar que el juez Richard Concepción Carhuancho vea la investigación sobre los aportes a su campaña del 2011. El  fiscal José Domingo Pérez Gómez, a cargo de las pesquisas contra Keiko ha sido enfático: "nos opondremos a este requerimiento".

La designación de Heresi puede dejar la lucha contra la corrupción algo más renga de lo que ya estaba con el exministro Mendoza. Recordemos, el Ministerio de Justicia “puede tener influencia en los procuradores anticorrupción” y, asimismo, “en la posición y relación que tenga el ejecutivo con la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y el CNM”, señala el periodista Gustavo Gorriti. En su momento, el Ministerio de Justicia ha presentado iniciativas legales en el proceso Lava Jato, como el Decreto de Urgencia No. 003-2017, con Marisol Pérez Tello, “que hizo mucho daño”, en los hechos, castigando a los que confesaban ante la justicia peruana, estima Gorriti.

A esto agregar un hecho manifiesto: Heresi tiene relación con gente que está en prisión o es investigada por el caso Lava Jato. En consecuencia, lo menos que se puede decir es que el nombramiento de Heresi despierta alertas y llama a “mantener la mayor vigilancia”, subraya el periodista.

Ahí no queda la cosa. Las interferencias políticas en el trabajo del TC, el Poder Judicial, la Fiscalía además de cumplir encargos concretos, consiguen, en el camino, bajarse esa muralla de ordenamiento jurídico y minar todavía más el sistema de administración de justicia (que, sin una reforma en serio, es el calvario diario de miles de peruanos). En definitiva, para que el indulto se mantenga a flote se arrojará al mar parte del “lastre” constitucional que aún nos queda.

Si el oleaje naranja se lleva el “lastre” institucional que nos queda, el costo a pagar sería (es) altísimo. El Estado peruano, con lo desordenado y patas de elefante que resulta la mayor parte del tiempo, mantenido alguna institucionalidad jurídica.

El Reniec, la Defensoría del Pueblo, el INEI, funcionan y son referentes en la toma de decisiones de políticas, no solo políticas públicas.

La dirección de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) del Minedu, con todas sus serias limitaciones presupuestales y zancadillas políticas, es un referente en la región, incluso en Bolivia y Guatemala. Al canto, un reciente convenio de asistencia técnica con Bolivia brindará apoyo en el diseño de programas de EIB orientado a visibilizar a las niñas, como sujetos de derechos en contextos rurales.

En corto, eso es también institucionalidad.

En este gabinete, grosso modo, los ministerios “productivos” se han entregado a profesionales vinculados al sector privado mientras que las carteras “sociales” se dejarían en manos de la “progresía”. Sucederá entonces que cada ministerio funcione como un feudo, manteniendo la vocación sectorial de las agendas y del gasto público. O sea, un déjà vu.

El premier y el ministro de justicia (que es paradójicamente también de derechos humanos) han avisado que encarpetarán la “ideología” de género. Así y todo, eppur si muove, algo se mueve. Porque la agenda por la igualdad de género seguirá circulando en pasillos discretos de educación, salud o del MIMP. La primera constatación entonces es que hay espacios en disputa, que el Estado no es (solo) una tierra baldía ocupada por inercia o entregada a los carniceros. Existen cuadros del Estado, consultores y privados que, con sus tropiezos, limitaciones, torpezas y todo, trabajan con algunos referentes, agendas, algunas salidas del Acuerdo Nacional. Hay pues raíces que prenden y “ramas se extienden en esos pétreos escombros”.

Cuando hablamos de gabinete “político” o “técnico” se planea con frecuencia un falso dilema, en la medida en que se razone en términos de la designación de nombres ministeriables, fulanito es más “político” (operador político) o menganito es más técnico (realiza cálculos econométricos). Claro, son importantes los operadores que establezcan nexos con partidos políticos, gremios y etc. y los técnicos “puros”, pero si se tiene en cuenta lo (poco) de institucionalidad construida en el sector público, lo “político” y lo “técnico” sirven en función de ese escenario más vasto de políticas públicas que se quiere cimentar, por ejemplo, en educación o cultura. Se mencionan nombres pero pocos hablan de construir Estado (que no es lo mismo que burocracia). Y en buena cuenta, en construir políticas de Estado.

No solo la derecha más obtusa desprecia construir institucionalidad, entendiendo que los intereses corporativos son los intereses generales. En la izquierda no existe consenso sobre el imperativo de construir institucionalidad estatal. Muchas veces, esa opción (chambear en las entrañas del “monstruo”, alias servicio público) es vista con recelo desde "fuera" (sobre todo desde el ciberespacio). Se lo asocia a una ejercicio de la política que privilegia la “guerra de posiciones” emparentada con otro término estigmatizado, la apuesta política por una “revolución pasiva”. Sin embargo, para Gramsci y para los militares franceses e ingleses de la I Guerra Mundial -cuyas estrategias dieron pie a las metáforas “guerra de posiciones” y “guerra de maniobras”-no había tal dicotomía. Había momentos en los que se tenía que sostener una sólida línea de trincheras en el frente (“posiciones”) y otro momento de ofensiva militar (“maniobras”). Y que esa ofensiva militar no se sostenía sin “posiciones” tomadas previamente: una densa red de avituallamiento, pertrechos, infraestructura de transporte y comunicación pero también propaganda pendiente de la moral y la legitimidad política de la guerra. Todo junto.

Finalmente, sin políticas de Estado, un gobierno precario es cada día más precario. No solo huérfano de miras sino (definitivamente) secuestrado por grupos que sí las tienen, aunque sean miras cortas. Y por ese lado vamos camino a la privatización de la política.

En definitiva, la preocupación por la institucionalidad, esa cosa abstracta, pasa por mirar la densidad de un Estado que no es tabla rasa. Que no es solo tierra baldía.